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Politóloga, Abogada y Diploma de Honor (UBA). Diplomada en "Human Rights and International Humanitarian Law" en la AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON COLLEGE OF LAW AND NETHERLANDS INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS. Consultora del PNUD ARG 97/50. Participo en más de 30 eventos académicos vinculados a la temática penal y criminológica, exponiendo –entre otros-en el XII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, Buenos Aires, Argentina,2005 y el CONGRESO NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA,Buenos Aires, Argentina,2007. Es autora del libro "Realidad Carcelaria y Medios Alternativos a la Prisión", El Caso Argentino a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las Ultimas Reformas Legislativas", Windmills Editions, California, USA, 2013. También de 10 publicaciones,en diferentes diarios y revistas argentinas. Asimismo es coautora de los siguientes libros: “Código Procesal Penal de la CABA. Comentado y Concordado”, Editorial Lajouane, BS. As., Argentina, 2008 y “Lecciones Preliminares de Derecho Penal y Procesal Penal", Editorial Lajouane, Bs. As., Argentina, 2010.

martes, 21 de febrero de 2012

LA IMPORTANCIA DEL PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS, ESPECIALMENTE, MUJERES Y NIÑOS A LA LUZ DE LOS DATOS EMPÍRICOS. AUTORA DRA. PATRICIA ANDREA TAUS.

Durante la reunión celebrada en Palermo, Italia, 148 países asistieron, en diciembre de 2000, a la Conferencia que culminaría con la firma de la nueva Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Trasnacional Organizada por parte de 122 estados, mientras que 80 hicieron lo propio con uno de los tres Protocolos Adicionales: El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños. Los otro dos que quedaron abiertos a la suscripción fueron el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y el Protocolo contra la Fabricación Ilícita y el Tráfico de Armas de Fuego.
Un creciente número de Estados viene ratificando la Convención de Palermo y sus protocolos, entre ellos los cinco países de actuación de la UNODC Brasil y Cono Sur: Argentina (2002), Brasil (2004), Paraguay (2004), Chile (2004) y Uruguay (2005).
Define a la trata de personas como "la acción de captar, transportar, trasladar, acoger o recibir personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación". 005).
El Acuerdo Internacional, en análisis, pretende terminar con las redes mundiales de delincuencia organizada, combatir el tráfico de seres humanos y la delincuencia trasnacional que han surguido en consonancia con la globalización. Hace referencia al comercio de personas con fines de explotación sexual en todas sus formas - incluída la prostitución-; los trabajos o servicios forzados que pueden conllevar la servidumbre, esclavitud o extracción de órganos.
Se anticipa a lograr lo que la legislación local no puede conseguir por sí misma, instaurando un lenguaje y una legislación global para definir el tráfico de personas, especialmente, de mujeres y niños. También, asiste a las víctimas y pretende prevenir el delito estableciendo parámetros sobre cooperación judicial e intercambio de información entre países. A tal fin, brega  por la armonización normativa de los diversos Estados.
La necesidad del Protocolo y de aplicar el plexo normativo adecuado surge de los datos de la ONU, los cuales calculan que el tráfico de personas genera, anualmente, entre 5 y 7 billones de dólares y 4 millones de personas se ven desplazadas de un país a otro. En este orden de ideas, a diferencia de lo que ocurre con el tráfico de drogas o armas, las penas para quienes cometen el delito con personas son, en diversos países, inferiores lo que vuelve al "negocio" mucho más rentable. A fin de evitar este despropósito, el Protocolo tiende a "globalizar la legalidad"instaurando nuevas penas para prevenir y combatir el delito, promoviendo la cooperación de las fuerzas de seguridad y judiciales transfronterizas.
Resulta interesante recordar que luego de la Convención para la Supresión del Tráfico de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, en 1949, los traficantes han demostrado presentar una lógica de "globalización de la ilegalidad"que se puede observar mediante sus nuevas formas de organización: compras de novias por correspondencia y turismo sexual.
Siguiendo esta misma lógica, la explotación sexual infantil se ha incrementado en forma alarmante en todos los países, especialmente, en Asia y América Latina. Al respecto, dentro de burdeles, situados en Filipinas -las autoridades pertinentes- han recuperado niños, de entre 8 y 10 años, que presentaban quemaduras de cigarrillo en su cuerpos y mutilaciones sexuales. Por  otra parte, en Brasil, Venezuela y Colombia se ha comprobado el rapto de chicas jóvenes, en la calle, que terminan siendo rescatadas de los prostíbulos de los centros mineros de la Amazonia.
Los grupos de criminales  que llevan adelante el delito son los siguientes: la camorra italiana; la mafía rusa; las tríadas chinas;  y la Yakusa japonesa. Conforme surge de las investigaciones criminalísticas, la camorra italiana opera, dentro de Europa,  en Italia, España y Alemania; pero también lo hace en Brasil y otras zonas de Latinoamérica. Asimismo, se calcula que la mafía rusa está integrada por 5000 grupos criminales organizados de los cuales 200 tienen enlaces y operan en 30 países diferentes. Han traficado miles de nigerianas que han sido conducidas a Italia. También se ha comprobado el tráfico de mujeres a los Estados Unidos, especialmente, a New York; Nueva Jersey y California.
Pese a lo precedentemente expuesto, no se puede concluir que los traficantes trasnacionales organizados operan de modo excluyente en forma de sindicato criminal dado que sendas detenciones y salvatajes han demostrado que también algunos maridos o novios de las mujeres las reclutan, trafican y  las dirigen hacia el ejercicio de la prostitución.
En éste orden de ideas y, de acuerdo a los datos apotados por a Organización Internacional del Trabajo (OIT),en el mundo existen al menos 12,3 millones de personas atrapadas en el trabajo forzoso siendo sus víctimas más débiles, mujeres y niños obligados a prostituirse. Del total 9,8 millones son explotadas/os por agentes privados, incluídos más de 2,4 millones sometidos/as a trabajos forzados como resultado de la trata de personas. Los 2,5 millones restantes son víctimas de trabajo forzado impuesto por el estado o grupos insurgentes.
Se estima que el 44% de las víctimas de trata son explotadas sexualmente; el 32% laboralmente; y el 25% sujetos a los dos tipos de explotación.
Atento la magnitud de los datos empíricos se puede concluir diciendo que los aspectos más destacados que el mundo recibe como legado del Protocolo sobre Tráfico de Personas son los siguientes:
1) Las personas traficadas, especialmente las mujeres sometidas a la prostitución y los niños "trabajadores"son víctimas de un delito y no delincuentes.
2) Al tráfico global se le dará una respuesta global que requiere de la cooperación organizada entre la policía, las autoridades de inmigración, los servicios sociales y las ONG.
3) Los estados cuentan con una definición internacionalmente aceptada y unos mecanismos de persecución, protección y prevención sobre los cuales deben basarse las legislaciones nacionales contra el tráfico y que puede conducir a armonizar la legislación de los diferentes países.
4) Todas las víctimas del tráfico están protegidas, no sólo aquellas que pueden probar que han sido forzadas (Art. 3 a y b).
5) El consentimiento de la víctima de tráfico es irrelevante (Art. 3 b).
6) La definición incluye un número muy amplio de tipos delictivos utilizados por el tráfico no sólo la fuerza, el rapto, la coacción, el engaño, el abuso de poder, sino también el aprovechamiento de la condición de vulnerabilidad de la víctima ( Art. 3 a).
7) La carga de la prueba no recae sobre las víctimas (Art. 3 b).
8) La explotación sexual, la prostitución y el tráfico no pueden ser tratados separadamente (Art. 3 a).
9) No es necesario que las víctimas crucen las fronteras, puede existir explotación en su país (Art. 3 a).
10) Es el primer instrumento de las Naciones Unidas que tiene en cuenta la demanda de mujeres y niños que están siendo traficados llamando a los países a adoptar medidas más severas que desalienten el delito de referencia (Art. 9.5).
11) No se puede tratar a las personas traficadas como imigrantes criminales, dado que el tráfico no es un delito migratorio.
Por todo lo expuesto, el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar el Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños se encuentra en consonancia con la Convención para la Supresión del Tráfico de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena; la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y la Convención sobre los Derechos del Niño; y representa un avance en la lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas víctimas de éste delito en el SXXI.
Pese a ello, los Tratados Internacionales en sí mismos no son suficientes para combatir el delito de tráfico. Debemos tener presente que en los estados, como Alemania y Holanda, donde existe la tendencia a legalizar o regularizar la prostitución, como un trabajo, los índices de tráfico son elevados. Así lo revela un informe emitido por el Budapest Group estableciendo que el 80% de las mujeres de los burdeles de los Países Bajos, entre ellos Holanda, proceden de otros latitudes del mundo.
Como arista positiva, los países que interpretan que la prostitución es una clara violación a los derechos humanos de las mujeres ocupan una posición privilegiada para organizar foros y redactar legislaciones regionales modelos.
Los estados deberían descriminalizar a la mujer que ejerce la prostitución y criminalizar a los proxenetas, dueños de burdeles y reclutadores. Asimismo, penalizar a los compradores de mujeres para explotación sexual de la prostitución, pornografía, turismo sexual y adquisición de novias por correo. Al respecto la ley de Suecia contra compra de "servicios sexuales" es un ejemplo que debería ser imitado.

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