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Politóloga, Abogada y Diploma de Honor (UBA). Diplomada en "Human Rights and International Humanitarian Law" en la AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON COLLEGE OF LAW AND NETHERLANDS INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS. Consultora del PNUD ARG 97/50. Participo en más de 30 eventos académicos vinculados a la temática penal y criminológica, exponiendo –entre otros-en el XII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, Buenos Aires, Argentina,2005 y el CONGRESO NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA,Buenos Aires, Argentina,2007. Es autora del libro "Realidad Carcelaria y Medios Alternativos a la Prisión", El Caso Argentino a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las Ultimas Reformas Legislativas", Windmills Editions, California, USA, 2013. También de 10 publicaciones,en diferentes diarios y revistas argentinas. Asimismo es coautora de los siguientes libros: “Código Procesal Penal de la CABA. Comentado y Concordado”, Editorial Lajouane, BS. As., Argentina, 2008 y “Lecciones Preliminares de Derecho Penal y Procesal Penal", Editorial Lajouane, Bs. As., Argentina, 2010.

lunes, 3 de octubre de 2011

Prisión domiciliaria y posibilidad de excarcelación por cuestiones de maternidad. Autora: Dra. Patricia A. Taus.

La prisión domiciliaria constituye un modo de ejecución de la pena, y no un beneficio. Se mantiene la coerción personal en el domicilio del/la imputado/a y/o condenado/a.
De acuerdo a la ley, sustantiva y adjetiva, vigente en la Argentina se desprende que, el Art. 314 del Código de Procedimiento Penal Nacional permite, que cumpliendo las condiciones del Art. 10 del Código Penal de la Nación, el magistrado pueda permitir la prisión domiciliaria del/a imputado/a de un delito que se encuentra privado de su libertad.
Sin embargo, a priori de la última reforma del código de fondo, el Art. 10, de dicho cuerpo normativo, establecía que "Cuando la prisión no excediera de 6 meses podrán ser detenidas en sus casas las mujeres honestas y las personas mayores de sesenta años o valetudinarias.  El concepto de "mujer honesta" es altamente subjetivo y permite un alto nivel discrecional por parte del magistradoal que debe resolver en el caso concreto. A ello se sumaba que, de acuerdo a los Arts. 32 y sigtes. de la Ley de Ejecución Penal N°26.660, sólo procedía cuando se trata de enfermos terminales y mayores de setenta años, excluyendo a la mujer embarazada o madre.
Por otra parte, el Art. 495 del CPPN faculta al Tribunal que ha dictado sentencia condenatoria, imponiéndo pena privativa de la libertad, a diferir la ejecución de la misma cuando la deba cumplir una mujer embarazada, hasta que dichas condiciones cesen.
El Art. 502 del CPPN-sustituído por Art. 5 de la Ley 26.472- determina que "El juez de ejecución o juez competente, cuando lo estime conveniente podrá disponer la supervición de la medida a cargo del Patronato de Liberados o de un servicio social calificado, de no existir aquél. En ningún caso la persona estará a cargo de organismos policiales o de seguridad". Estableciendo, claramente, el órgano contralor.
Luego de la Reforma Constitucional de 1994, que otorgó jerarquía constitucional a diversos Tratados sobre Derechos Humanos- Art. 75, inc. 22 de la Carta Magna, el Art. 10 y los Arts. 32 y sig. de la Ley 26.660 no contemplaban, entre otros supuestos, la excarcelación por cuestiones de maternidad. Pese a ello, la jurisprudencia ha sido pionera en el respeto de los derechos y garantías internacionales sumado a la necesidad de armonizar la normativa interna bregando por no aplicarla de manera aislada y literal. A modo de ejemplo, el 29 de agosto de 2006, la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, en la causa N°6667, caratulada "Abregú, Adriana Teresa s/ recurso de casación", en voto mayoritario, sustituye la prisión preventiva por prisión domiciliaria-a pesar de no reunir los requisitos legales vigentes (Art. 33 Ley 26.660), teniendo en cuenta las normas supranacionales (Art. 3 Convención de los Derechos del Niño, entre otras).
Los hechos eran los siguientes: la imputada, era madre de niños de 11, 12, 14 y 15 años, que debían vivir separados- en la casa de diferentes familiares- por su situación procesal. 
En el fallo, la CNCP cita la Opinión Consultiva 17/2002 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que la Convención sobre Derechos del Niño alude al interés superior de éste (Arts. 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40) como punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenolvimiento de sus potencialidades.
Desde su Preámbulo, la Convención reconoce a la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros y, en particular, de los niños, comprometiendo a todos los Estados Partes a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas, incluyendo en éste concepto el respeto por las relaciones familiares (Art. 8). Siempre que sea posible, el niño deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y seguridad moral y material (Principio 6).
En éste orden de ideas, además, el reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, constituye un principio fundamental del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consagrado por los Arts. 16.3 de la Declaración Universal, VI de la Declaración Américana, 23.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 17.1 de la Convención Americana.
También a nivel nacional, la sanción de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, incluyó en el derecho a la identidad de los sujetos (Art. 11), los derechos a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley y a crecer y desarrollarse en su familia de origen.
Concluye manifestando que la vigencia y operatividad de esos derechos fundamentales de los niños (Fallos 293:273) debe prevalecer por sobre las razones de cautela que puedan justificar un encarcelamiento meramente precautorio.
Estimo que los legisladores han tomado nota de la relevancia de vincular correctamente la normativa nacional e internacional y los cambios jurisprudenciales, sustituyendo el Art. 10 del CP por el Art. 4 de la Ley 26.472, B. O 20/01/2009, que ahora reza: "Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria:
a) El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario;
b) El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal;
c) El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel;
d) El interno mayor de setenta (70) años;
e) La mujer embarazada;
f) La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo".
Las normas que se encuentran vinculadas al artículo son las siguientes:
1)  Dentro de la Legislación Internacional: Declaración de los Derechos del Niño, Principio 6, y Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, Art. 1.
2) En la Legislación Nacional: Ley 26.660 (Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad), Arts. 32, 33 y 34; el Decreto 1058/97 (Ejecució de la Pena Privativa de la Libertad. Ley N°24.660), Arts. 1, 2, 3 y 4; y, finalmente, el Código Procesal Penal de la Nación, Art. 502.

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