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Politóloga, Abogada y Diploma de Honor (UBA). Diplomada en "Human Rights and International Humanitarian Law" en la AMERICAN UNIVERSITY WASHINGTON COLLEGE OF LAW AND NETHERLANDS INSTITUTE OF HUMAN RIGHTS. Consultora del PNUD ARG 97/50. Participo en más de 30 eventos académicos vinculados a la temática penal y criminológica, exponiendo –entre otros-en el XII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGÍA, Buenos Aires, Argentina,2005 y el CONGRESO NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA,Buenos Aires, Argentina,2007. Es autora del libro "Realidad Carcelaria y Medios Alternativos a la Prisión", El Caso Argentino a la luz del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y las Ultimas Reformas Legislativas", Windmills Editions, California, USA, 2013. También de 10 publicaciones,en diferentes diarios y revistas argentinas. Asimismo es coautora de los siguientes libros: “Código Procesal Penal de la CABA. Comentado y Concordado”, Editorial Lajouane, BS. As., Argentina, 2008 y “Lecciones Preliminares de Derecho Penal y Procesal Penal", Editorial Lajouane, Bs. As., Argentina, 2010.

lunes, 25 de julio de 2011

“LA RELEVANCIA DEL ROL DEL FISCAL EN EL CÒDIGO PROCESAL PENAL DE LA CIUDAD AUTÒNOMA DE BUENOS AIRES”. Autora: Dra. Patricia A. Taus.

El primer Código de Procedimiento Penal de la CABA ha consagrado un procedimiento que se estructura sobre la base del sistema acusatorio, rigiendo todos los principios plasmados en el Art. 13 de la Constitución Local, es decir: legalidad; determinación, inviolabilidad de la defensa en juicio, juez designado por ley anterior del hecho de la causa; doble instancia, inmediatez, publicidad e imparcialidad.

A diferencia del Código de Forma Nacional, el procedimiento local ha otorgado al Ministerio Público Fiscal funciones que en el primero se encuentran en cabeza del juez, a saber:

 La investigación preparatoria desformalizada se encuentra a cargo del fiscal, con sustento en hechos determinados y con la exigencia de que éste indique formalmente el objeto de la pesquisa. Es el fiscal quien dispone la demora de las personas, en los hechos en los que hubieran participado varias y no fuera posible individualizar a los responsables y/o testigos. Asimismo, ordena la comparecencia del imputado (con o sin auxilio de la fuerza pública); ratifica o hace cesar la detención efectuada por los preventores en casos de flagrancia, dando aviso en el primer supuesto al juez. Puede delegar en investigadores propios o policiales la obtención de información para sustentar sus requerimientos. Realiza el requerimiento de juicio y dispone la clausura provisoria de la investigación preparatoria.

 El Ministerio Público Fiscal también ordena y produce todos los medios de prueba que considere pertinentes y útiles. Tiene la obligación de investigar las pruebas favorables al imputado, bregar porque no se oculten pruebas; y participar activamente en las audiencias orales (de excarcelación y prisión preventiva). A diferencia de lo que ocurre con la prisión preventiva, la exención de prisión debe ser solicitada al fiscal y concedida por éste, sólo la denegatoria puede ser recurrida ante el tribunal competente.

A pesar de ser el Tribunal el que decide la procedencia de la suspensión del proceso a prueba, la oposición fiscal es vinculante si se fundamenta en razones de política criminal o en la necesidad de que el caso se resuelva en juicio.

Por otra parte, la figura del avenimiento (similar al juicio abreviado en el Código Procesal Penal de la Nación) requiere un acuerdo entre imputado y defensor, por una parte, y Ministerio Público fiscal, por la otra; dicho acuerdo no podrá ser homologado por el juez si éste considera, luego de la audiencia de conocimiento que la conformidad del imputado no ha sido voluntaria.

Lo hasta aquí reseñado nos permite visualizar que, a diferencia del Código Procesal Penal de la Nación que acoge a un sistema de enjuiciamiento mixto- inquisitivo-acusatorio- en dónde la primera etapa del proceso mantiene rasgos inquisitivos ( escrito, existencia del juez de instrucción que lleva adelante la investigación con facultad de delegarla en el fiscal, etc), en el nuevo Código Procesal Penal de la Ciudad existe oralidad en todo el proceso y el fiscal viene a suplir la falta de imparcialidad del juez de instrucción que investiga y juzga a la vez. De esta forma el nuevo ordenamiento procesal respeta las garantías contenidas en la Constitución Nacional, la normativa supranacional, la Constitución Local y los principios del derecho penal liberal, implementando un sistema netamente acusatorio en la investigación de los delitos.

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